divendres, 9 d’octubre del 2009

Pasodoble del PP en el baile de "Don Vito"

Pasodoble del PP en el baile de "Don Vito"

Félix Monteira

Al incesante eslogan de que no hay que subir impuestos, el PP debe darle una cura de reposo. Por lo menos hasta hacer un arqueo completo de cuántas organizaciones y líderes del partido desviaron para fines inconfensables los dineros públicos y se olvidaron a la vez de pagar tributos.

Todas las administraciones públicas gestionan gastos e inversiones pagados por los contribuyentes y los partidos políticos se financian en buena parte con subvenciones del Estado. Así que el buen fin de esos fondos es patrimonio común, que obliga a una gestión responsable y transparente a los representantes políticos.

La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.

Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que "era un ataque al PP" sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.

El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.

El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.

El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.

Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en provecho propio.

Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.

Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.