El contable desveló sobornos y la financiación ilegal del PP

El contable desveló sobornos y la financiación ilegal del PP

Correa pidió a su contable que le llamara "Don Vito" en la contabilidad B

Á. V. - MADRID - 07/10/2009

En su declaración ante el juez Baltasar Garzón, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, negó tener cualquier responsabilidad y trató de responder a todas las preguntas que se le hicieron. Izquierdo hizo lo que sus jefes esperaban de él. Aprovechó los tres o cuatro minutos de retardo con los que se abría la puerta del piso de la calle Serrano de Madrid para ocultar la contabilidad B del grupo de empresas de Francisco Correa. Estaba en un lápiz de memoria que se llevó a casa, escoltado por la Policía para realizar un registro, escondido en el puño dentro del bolsillo. Cuando iba a ser cacheado, lo sacó.

Gracias a esa memoria externa se vislumbraba ya en febrero el verdadero alcance de la trama de corrupción que afecta al PP y a varias de las comunidades en las que gobierna, sobre todo, Valencia y Madrid. En estos ocho meses, los datos que aportó Izquierdo en su primera declaración ante Garzón, el 13 de febrero, se han ido confirmando y ampliando. Conocía los nombres de las personas que aparecían en la caja B del grupo y que acabaron siendo imputadas, y los de las empresas de la trama, incluidas las ubicadas en paraísos fiscales, con las que se blanqueaba el dinero cobrado y pagado en comisiones.

"Hago lo que me dicen"

En la Audiencia Nacional, Izquierdo explicó que el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, le pidió que se lo llevara a casa por seguridad. Por el mismo motivo, el contable justificó los 60.000 euros que se encontraron en su domicilio: "Me limito a hacer lo que me dicen, lo que mandan".

Quizá por eso, todos los apuntes de la caja B pasaban por sus manos y conocía a los ex concejales de Majadahonda (Madrid) que cobraban 3.000 euros mensuales de la trama, aunque luego acabaran denunciando a Correa. También el entonces alcalde, Guillermo Ortega, y el ex regidor de Boadilla Arturo González Panero. Señaló a Antonio Cámara, que había sido secretario personal de Aznar. Y hasta dijo que L. B. debía ser el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Según Izquierdo, en cierta ocasión Correa le dijo que se refiriera a él como "don Vito", y como no sabía si se lo decía en broma o en serio, lo hacía constar como "D.V.I.T.O." en la contabilidad. Por si quedaban dudas, el juez le preguntó si se refería al "don Vito de la película", por El padrino.

Superando la anécdota, en la memoria aparecían los tres aforados por los que luego Garzón terminó inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los diputados del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y también el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote y su hermano Ricardo.

Financiación irregular

En el lápiz de memoria aparecen cuentas por distintos eventos: campañas electorales de Madrid y Galicia, actos de NNGG y hasta congresos, como el celebrado por el PP en Valencia. Izquierdo dijo ignorar quién era el que pagaba por el PP con dinero negro, pero admitió la práctica.

De la memoria, la policía infirió "un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela". Se nutre con dinero que presuntamente "procede de comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares".

El fiscal pide investigar los datos de Valencia

Anticorrupción pidió el lunes al juez que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que investigue la presunta financiación irregular del PP denunciada por la Brigada de Blanqueo de Capitales en un informe entregado el pasado 31 de julio. La Fiscalía pretende de momento determinar la veracidad de las acusaciones. El informe se entregó a la Fiscalía y a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia. Este último se lo devolvió a la Policía al entender que era independiente de la causa por cohecho que archivó en agosto. Si Madrid ve indicios contra aforados valencianos, como Ricardo Costa, deberá inhibirse a favor del TSCV.