El lápiz que prueba la financiación ilegal

El lápiz que prueba la financiación ilegal

La contabilidad B de las empresas de Correa, escondida en un pen drive, recoge los pagos irregulares del PP

ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 08/10/2009

El PP utilizó primero el secreto del sumario para alegar indefensión. Ahora, cuando se ha podido conocer al detalle la investigación del primer instructor del caso, la estrategia es otra. Negar la mayor. Negar haberse financiado irregularmente y declararse víctima de una trama corrupta con la que contrataron actos y congresos. ¿El problema de esta defensa? Que el mismo mes de febrero, cuando estalló el caso Gürtel, apareció la contabilidad B de la trama corrupta y, como le dice el contable José Luis Izquierdo al juez Baltasar Garzón, la contabilidad B u opaca de una empresa "es la real".

En su declaración como imputado, el pasado 13 de febrero, Izquierdo le explicó al juez que, en una empresa con contabilidad doble, "una es la real y otra es la oficial". El juez insistió y le preguntó si la contabilidad opaca "respalda la realidad del dinero que se está manejando a través de las cajas de seguridad" de sus jefes, Francisco Correa y Pablo Crespo. "Efectivamente", responde Izquierdo sin dudarlo.

El contable sabía el valor del lápiz de memoria que intentó salvar de los registros. Cuando los investigadores se lo requisan y lo abren, descubren 107 archivos, en documentos Excel, titulados por nombres, empresas o actos concretos. El primero es "Acto de NNGG Santiago Compostela" y recoge proveedores y gastos de la organización del acto celebrado el 25 de abril de 1998. El número 27, titulado "Caja B Orange", se nutre con dinero de distintas procedencias, entre ellas un apunte del 31 de agosto de 2005, en el que "Pablo Crespo le da [a Izquierdo] 15.000 euros procedentes del PP de Valencia". En enero de 2007 consta que se entrega a Crespo 4.821 euros para pagar una factura de ropa a Milano.

Campañas electorales

El archivo 31 recoge un pago a Arturo González Gil, al que se identifica como "presidente PP en Argentina" por 1.620 euros. Izquierdo no supo dar más detalles sobre este pago, salvo que era de una delegación del Partido Popular de Madrid o de España en el país suramericano.

Pero son varios los documentos que hacen referencia a elecciones: "Ingreso de elecciones gallegas y [el empresario] Plácido Vázquez 40 millones de pesetas"; "Campaña elecciones Madrid, desglose de costes de diversos gastos, pagados por Special Events" o "cuadrante de facturas pendientes de cobro de la campaña gallega 99".

También aparece un congreso del PP Europeo, con la relación de gastos pagados por Pasadena y Special Events en 1999. El archivo "Congreso de Valencia", de septiembre de 2002 a enero de 2003, incluye un cobro en A por 90.181 euros y cuatro en B por un valor total de 150.421.

Ingresos como pagos

Izquierdo explicó al juez Garzón que la contabilidad B incluía facturas falsas y constan como pagos lo que en realidad son ingresos. En cuanto al congreso del PP en Valencia de 2002, precisa que alguien del partido, que él desconoce, gestionó la forma de pago con Álvaro Pérez, el Bigotes. La opción elegida fue con dinero A y B.

Los archivos del contable eran casi una lista adelantada de quiénes iban a estar imputados en el entonces incipiente caso Gürtel. Los ex alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda; los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch; y los aforados nacionales Luis Bárcenas y Jesús Merino, a los que se tardó más en identificar al aparecer con siglas.

Francisco Correa extremó las medidas de seguridad para evitar ser relacionado con su trama. No figuraba en ninguna empresa y en sus teléfonos recibía llamadas, pero él las realizaba desde aparatos colombianos durante la temporada que residió en ese país. Pero era consciente de que el lápiz de memoria era clave en el esclarecimiento de los delitos cometidos por la trama. Por eso, una vez en prisión, se queja amargamente a su abogado: "El puto pen drive, macho".

Una de esas pruebas la aporta el presunto número dos de la trama. Pablo Crespo se lo dice a su letrado. "Allí había documentación que correspondía al año 1996 hasta mediados de 1999, y era documentación pura, gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos sin especificar quién ingresaba. Eso va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario", admite el ex secretario de Organización del PP gallego, que se muestra sorprendido por el hecho de que "no lo saquen esta semana" (cuatro días antes de las elecciones del pasado 1 de marzo). "El lío que se puede montar es morrocotudo", advierte.

Sospechas más sólidas

Desde que declaró Izquierdo y se decretó prisión para Correa y Crespo ha llovido mucho. Han desfilado por la Audiencia Nacional y luego por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decenas de imputados y testigos. Con las declaraciones y las otras pruebas realizadas, lejos de disiparse, las sospechas sobre una presunta financiación irregular del PP han adquirido una mayor entidad.

El último informe policial conocido en la causa se centra en esta práctica. La denuncia, que será investigada por el TSJ de Madrid, aunque el pasado 31 de julio le fue entregada también al de Valencia, al Supremo y a la Fiscalía Anticorrupción, lo describe como una práctica habitual en Valencia. "Existe una financiación de actos del PP de la Comunidad Valenciana por parte de empresarios, siendo para este donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido. Estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos. El propio Partido Popular en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos".

De lo relatado sobre Galicia se concluye que el PP pagó en dinero negro 3,2 millones de euros entre 1996 y 1999, lo que coincide con los lamentos de Crespo ante su abogado. En Madrid, el informe describe la falsificación de facturas realizada por el PP para financiar las campañas electorales en 2003 a través de la fundación Fundescam.