divendres, 25 de setembre de 2009

La sombra que persigue a su señoría De la Rúa


Jesús Maraña

Es lo que tienen las sombras. Persiguen a los cuerpos mientras haya sol, vayan a donde vayan y por mucho que corran. A Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, le persigue la sombra de su más que sospechosa actuación en la rama valenciana del ‘caso Gürtel’. En lugar de abstenerse por la pública y notoria amistad que le une a Francisco Camps, se mantuvo al frente del tribunal que juzgó el bochornoso asunto de los trajes. Primero dictó un auto insultante en respuesta a la acusación popular ejercida por los socialistas, que le pedían investigar la contabilidad de las empresas de Correa y El Bigotes. De la Rúa no sólo se negó, sino que calificó aquella pretensión como “una especie de batida de montería”. No le interesaba en absoluto saber si esas empresas recibían o no contratos otorgados por los mismos altos cargos del PP a los que El Bigotesregalaba trajes a medida. Tampoco le interesaron, al parecer, los detallados informes que la Fiscalía Anticorrupción le envió el 31 de julio, tres días antes de que De la Rúa firmara el archivo de la causa contra Camps, no sin resignarse a que el propio auto demostrara que su amigo Camps había mentido. Entre esos documentos figuraban pruebas que implican a la cúpula del PP valenciano en una red de financiación ilegal. De la Rúa se limita a pulsar la tecla “reenviar” para devolver a Madrid esas cosas tan feas que pueden ensuciar su preciosa amistad con Camps.

La sombra es pesada y De la Rúa no consigue despegarse de ella. Como tampoco lo conseguirán quienes en su día no le recusaron o quienes desde el Poder Judicial han preferido guardar silencio.

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El juez amigo de Camps despreció el informe

El juez amigo de Camps despreció el informe

El TSJCV archivó el caso sin tener en cuenta los datos policiales

El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidió ignorar el informe de la Policía que destapa datos abrumadores sobre la financiación ilegal del PP valenciano. Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, le hizo un favor impagable a su amigo Francisco Camps al meter en el cajón ese informe, que había llegado a la sede del TSJCV el 31 de julio. Tres días más tarde, el 3 de agosto, el tribunal daba carpetazo a la investigación sin tener en cuenta las revelaciones policiales. El informe quedó en tierra de nadie y Camps recibió eufórico su exculpación.

En su auto de archivo, el tribunal ni siquiera mencionó la existencia de las prolijas investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía y que confirman lo que ya anticipó Baltasar Garzón en su auto del 5 de marzo: que la trama Gürtel había financiado al PP valenciano. Dicho de otro modo, el informe venía a destrozar la tesis impuesta por De la Rúa al juez instructor del caso, José Flors, desde el primer momento: que las indagaciones judiciales debían limitarse estrictamente a averiguar si Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret habían recibido regalos en forma de trajes. Y si eso era delito.

De manera sorprendente, el tribunal no sólo se negó a examinar los contratos que por casi ocho millones de euros había adjudicado la Generalitat valenciana a la minúscula empresa Orange Market, franquicia regional de la trama Gürtel, sino que concluyó que los trajes habían sido un regalo ajeno a la condición de cargos públicos que ostentaban Camps y el trío Costa-Campos-Betoret.

La "montería del PSOE"

De ese resultado hubo un presagio el 21 de julio. Fue entonces, 13 días antes del cerrojazo al caso, cuando el TSJCV emitió auto en el que rechazaba la enésima petición del PSOE para investigar más allá de los trajes. En ese auto, cuyo ponente fue el también juez conservador Juan Montero, el tribunal lanzó gravísimas acusaciones. No contra Camps y los otros dirigentes conservadores imputados sino contra los socialistas, a los que acusó de impulsar una "batida de montería" contra el PP.

En esos términos se pronunciaba la resolución, que incluía el siguiente párrafo: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería o, en términos menos cinegéticos y más jurídicos, hacer una pesquisa general".

El dictamen abundaba en la voluntad férrea del tribunal para cortar la investigación: "No se trata ahora, pues, de salir a la búsqueda de lo desconocido en hechos y en personas". Lo desconocido era en realidad bastante previsible, dado que, amén del citado auto de Garzón, ya era de dominio público que la Generalitat se negaba como gato panza arriba a desvelar la génesis de los contratos públicos otorgados a Orange Market.

Pero De la Rúa, de cuya amistad, esa para la que el diccionario no tenía palabras, se jactaba en público Camps, no había agotado aún el cupo de favores. El 10 de septiembre, el tribunal valenciano revela por fin la existencia del informe policial. Subraya que ha llegado a sus manos sin que nadie lo hubiera pedido y admite paladinamente que su contenido no se tuvo en cuenta. Pero decide mantenerlo junto al resto de documentación de la causa.

Esta semana, el tribunal se ha retractado: el informe quedaba excluido del sumario. El último favor estaba servido, aunque el Tribunal Supremo ya tiene su propia copia. Qué pasará si el Alto Tribunal hace caso a su contenido es hoy la gran incógnita.

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La cúpula del PP valenciano dirigía la financiación ilegal

La cúpula del PP valenciano dirigía la financiación ilegal


Un informe policial señala al secretario general del PP regional, Ricardo Costa, y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, como los artífices de las operaciones con la trama Gürtel

El informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) no quiso revisar, alegando haber archivado ya la parte delcaso Gürtel relativa a los trajes recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es todo lo jugoso que se esperaba. O más. Apunta directamente como responsables de la presunta financiación irregular del PP a la cúpula del partido en Valencia y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.

Junto a Rambla, la Unidad de Delincuencia Económica sitúa no sólo como conocedores sino ejecutores de la situación irregular al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al vicesecretario, David Serra, y a la tesorera del partido, Yolanda García Santos. Ninguno de ellos está todavía imputado, aunque a la vista del informe no parece que pueda ser otra la condición en la que acabarán en un futuro próximo.

El informe es contundente. Detalla que la trama Gürtel negociaba el pago de la deuda con los responsables políticos del PP en Valencia siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red corrupta, confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes. David Serra participaba eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de pago. Y Yolanda García libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa a sabiendas de que las facturas reflejaban conceptos ficticios.

En resumen, Pablo Crespo, uno de los tres imputados en el caso que se encuentra en prisión, es el que daba las instrucciones pertinentes para confeccionar las facturas a Costa y a El Bigotes. Serra se ocupaba de los talones y García de emitir las facturas falsas.

Experiencia previa

Costa, del que el informe dice que actuaba como "canalizador de los pagos ajenos al sistema financiero", es el único de los cuatro a los que se acusa ahora que ya tiene experiencia como imputado. Tuvo que declarar en el TSJCV con Camps y otros dos dirigentes del PP valenciano (el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de TurismoRafael Betoret) por haber recibido trajes de Milano y Forever Young que no pagaban ellos, sino Orange Market.

El pasado 3 de agosto, el TSJCV archivó el caso de los trajes, al no apreciar delito. La última palabra sobre si recibir dádivas es cohecho o no la tendrá el Tribunal Supremo.

Pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el TSJCV no perdió el tiempo en relación a este informe sobre la financiación irregular del PP, pese a que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, ya apuntaba esta práctica delictiva en el auto en el que acordó inhibirse a favor de los tribunales valenciano y madrileño. Primero procedió a rechazar el informe, pero incorporándolo a la causa, y después, a petición de Camps, Costa y Campos, acordó devolverlo al órgano remitente. En este caso, con esa expresión se refería a la Policía, que el pasado 31 de julio, tres días antes de que se archivara la rama valenciana de la Gürtel, se lo remitió al Tribunal Supremo y los dos tribunales superiores que tenían abiertas actuaciones sobre la trama.

Pagaban los empresarios

El informe policial detalla cómo el entramado utilizaba una doble contabilidad para encubrir los pagos al PP valenciano: una en dinero limpio, denominada A o "Alicante", y otra en dinero B o "Barcelona". Con los datos recabados el informe llega a la conclusión de que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Mientras que el PP valenciano pagaba su deuda con Orange Market a través de contratos que no salían a concurso, la filial en Valencia de Special Events abonaba cantidades al partido gracias a pagos de diversos empresarios valencianos.

El informe cita a Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense);Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo Lubasa; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por el grupo Sedesa.

El sistema, que destaca por su persistencia en el tiempo, se articulaba de la siguiente forma: la factura por un acto organizado por el PP de Valencia se sustituía por otra a cargo de una de las empresas implicadas cambiando el concepto.

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