El juez amigo de Camps despreció el informe

El TSJCV archivó el caso sin tener en cuenta los datos policiales

El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidió ignorar el informe de la Policía que destapa datos abrumadores sobre la financiación ilegal del PP valenciano. Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, le hizo un favor impagable a su amigo Francisco Camps al meter en el cajón ese informe, que había llegado a la sede del TSJCV el 31 de julio. Tres días más tarde, el 3 de agosto, el tribunal daba carpetazo a la investigación sin tener en cuenta las revelaciones policiales. El informe quedó en tierra de nadie y Camps recibió eufórico su exculpación.

En su auto de archivo, el tribunal ni siquiera mencionó la existencia de las prolijas investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía y que confirman lo que ya anticipó Baltasar Garzón en su auto del 5 de marzo: que la trama Gürtel había financiado al PP valenciano. Dicho de otro modo, el informe venía a destrozar la tesis impuesta por De la Rúa al juez instructor del caso, José Flors, desde el primer momento: que las indagaciones judiciales debían limitarse estrictamente a averiguar si Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret habían recibido regalos en forma de trajes. Y si eso era delito.

De manera sorprendente, el tribunal no sólo se negó a examinar los contratos que por casi ocho millones de euros había adjudicado la Generalitat valenciana a la minúscula empresa Orange Market, franquicia regional de la trama Gürtel, sino que concluyó que los trajes habían sido un regalo ajeno a la condición de cargos públicos que ostentaban Camps y el trío Costa-Campos-Betoret.

La "montería del PSOE"

De ese resultado hubo un presagio el 21 de julio. Fue entonces, 13 días antes del cerrojazo al caso, cuando el TSJCV emitió auto en el que rechazaba la enésima petición del PSOE para investigar más allá de los trajes. En ese auto, cuyo ponente fue el también juez conservador Juan Montero, el tribunal lanzó gravísimas acusaciones. No contra Camps y los otros dirigentes conservadores imputados sino contra los socialistas, a los que acusó de impulsar una "batida de montería" contra el PP.

En esos términos se pronunciaba la resolución, que incluía el siguiente párrafo: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería o, en términos menos cinegéticos y más jurídicos, hacer una pesquisa general".

El dictamen abundaba en la voluntad férrea del tribunal para cortar la investigación: "No se trata ahora, pues, de salir a la búsqueda de lo desconocido en hechos y en personas". Lo desconocido era en realidad bastante previsible, dado que, amén del citado auto de Garzón, ya era de dominio público que la Generalitat se negaba como gato panza arriba a desvelar la génesis de los contratos públicos otorgados a Orange Market.

Pero De la Rúa, de cuya amistad, esa para la que el diccionario no tenía palabras, se jactaba en público Camps, no había agotado aún el cupo de favores. El 10 de septiembre, el tribunal valenciano revela por fin la existencia del informe policial. Subraya que ha llegado a sus manos sin que nadie lo hubiera pedido y admite paladinamente que su contenido no se tuvo en cuenta. Pero decide mantenerlo junto al resto de documentación de la causa.

Esta semana, el tribunal se ha retractado: el informe quedaba excluido del sumario. El último favor estaba servido, aunque el Tribunal Supremo ya tiene su propia copia. Qué pasará si el Alto Tribunal hace caso a su contenido es hoy la gran incógnita.